Derribando mitos sobre la protección social

¿Cómo financiamos la protección social que necesitamos?

Paraguay avanzó en las soluciones técnicas para desarrollar un sistema de protección social sólido y amplio. Sin embargo, para los expertos, es importante poner el foco en las soluciones políticas, que puede implicar abrir el debate sobre una reforma tributaria y llegar a compromisos que puedan beneficiar a toda la población.

Opinión | 30 de mayo de 2023
Un sistema de protección social tiene dos mecanismos de financiamiento: el componente contributivo y el impositivo. En el primer caso, como su nombre lo indica, se refiere a que existe una relación más o menos directa entre el aportante, sus derechos, sus aportes y los programas de los cuales se va a beneficiar. Esta fuente de financiación proviene del aporte que realizan los trabajadores, las trabajadoras y los empleadores como parte de la relación de trabajo. Es una de las principales fuentes de financiamiento de los sistemas de seguridad social, como son el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Caja Fiscal en Paraguay.

“Los trabajadores formales son quienes contribuyen a este financiamiento, por eso es importante en la protección social entender la informalidad del mercado laboral”, mencionó la investigadora Claudina Zavattiero, autora de La economía política de la protección social en Paraguay.

En cuanto a los impuestos como fuente de financiamiento, se trata de los aportes que hacen todos los ciudadanos y ciudadanas al pagar sus tributos. Esa fuente, y las rentas generales del Estado, puede destinarse también a subsidiar programas contributivos, pero mayormente se utiliza para financiar los programas no contributivos, que pueden ser universales o focalizados, dirigidos a atacar a la exclusión social de algunos grupos en particular.

Según señaló Zavattiero, en Paraguay el organismo que finalmente decide cómo se distribuirá esa inversión es el Ministerio de Hacienda. “La práctica habitual ha mostrado que cada institución que tiene un rol implementador diseña y presenta el programa de protección social que desea desarrollar, al Ministerio de Hacienda. Y es en diálogo con este ministerio que se evalúan cuáles son los resultados que se esperan alcanzar y todo el componente financiero del programa para poder asignar los recursos”.

En el estudio, la experta da cuenta de importantes obstáculos que se identificaron a la hora de tomar decisiones sobre el financiamiento de la protección social. Menciona, por un lado, la deficiencia en la producción y mantenimiento de información sobre la ciudadanía. Y por otro, la debilidad institucional para realizar estimaciones de la población potencial o que requiere ser atendida por los programas.

En la implementación del nuevo Sistema de Protección Social ¡Vamos! el financiamiento es uno de los componentes fundamentales, ya que al prever ese aspecto se podrá cumplir con las metas previstas. “Para avanzar hacia cambios en el nivel y forma de financiamiento, así como en la distribución y sostenibilidad de la inversión social, fue recurrente la percepción de necesidad de una reforma tributaria, acompañada de una reforma en el sistema de jubilaciones y pensiones, en el sistema de compras públicas, en la función pública y en el servicio civil”, resaltó la autora en su trabajo.

Otras posibilidades de financiación

Para Guillermo Montt, Especialista en Protección Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el Paraguay existe el espacio fiscal para promover una reforma tributaria y a través de esta, financiar los programas de protección social. “Aquí se pagan pocos impuestos, en comparación con la región y en comparación con otros países con igual nivel de desarrollo”, indicó.

Teniendo en cuenta que existe la posibilidad de instalar un debate, Guillermo sugiere empezar a preguntarnos sobre cuáles impuestos podrían promoverse o ampliarse, de qué forma lo haríamos, a quiénes estarían dirigidos, a quiénes afectaría, etcétera.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), por ejemplo, es un impuesto que está altamente difundido y que se visibiliza bastante cuando de ampliar la recaudación tributaria, pero tiende a ser regresivo. Como se recauda a través del consumo, las personas de menores ingresos destinan una mayor proporción de sus ingresos al pago del IVA. Lo ideal sería pensar en alternativas que no se sostengan con el aporte de quienes menos tienen.

“Priorizaría otras posibilidades de recaudación como el impuesto a la renta personal, a la propiedad; a las utilidades de las empresas; a las importaciones de ciertos bienes; a ciertos productos que son más dañinos contra el medioambiente o contra la salud, o que son artículos de lujo; estos tienden a estar mejor focalizados desde un punto de vista de la equidad en la recaudación tributaria”, planteó Guillermo.

Además de que este tipo de impuestos permitirá ampliar la cobertura de los programas sociales, lo que se busca también al vincular impuestos sobre productos determinados es desincentivar su consumo. Por ejemplo, pueden ser a bebidas azucaradas, alcohol o tabaco, bienes comerciales que se consideran perjudiciales para el individuo y la sociedad, ya que suponen costes de tratamiento o de problemas sanitarios que el Estado debe costear.

“Es una conversación legítima, que se necesita para que el nivel de desarrollo que existe en Paraguay, de manera que el nivel de PIB que vemos para Paraguay tenga un correlato con el nivel de desarrollo que experimentan las personas”, aseguró el especialista, quien además consideró que esa disociación entre el desarrollo medido por el PIB y el experimentado por las personas tiene una manifestación directa en la protección social. La cobertura es menor de lo que podría ser, en relación con el nivel de ingresos del país en su conjunto.

Mientras se impulsan esos debates, el estudio de Claudina propone pensar en otras fuentes que se pueden incorporar como la distribución de las utilidades de empresas nacionales y de las binacionales; destinar mayores recursos a nivel territorial en los presupuestos de los gobiernos municipales y departamentales, respaldados en sus respectivas leyes, entre otros.

Más que pensar en soluciones técnicas, Guillermo invita a desarrollar propuestas políticas, que involucren la voluntad y el compromiso de las autoridades. “Creo que hoy el obstáculo no es técnico, sabemos cómo solucionarlo, sabemos cuál es el camino óptimo o la dirección que podría tomar una reforma tributaria. Lo que aún no hemos solucionado es el consenso político, si queremos o no hacerlo”.


*Para profundizar el tema escuchá la serie de podcast Derribando mitos sobre la protección social.
*El contenido del material no necesariamente refleja la posición ni la opinión oficial de la Unión Europea.