San José (7 de abril de 2022)- Cerca de veinte empresas —en su mayoría, del sector agrícola—y organizaciones empresariales de Costa Rica participaron de una serie de sesiones de intercambio y formación en aplicación de la debida diligencia en materia de trabajo infantil.

En este proceso acompañó la Oficina de Atención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de la Persona Trabajadora Adolescente (OATIA) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), coordinadora de la Red de empresas contra el trabajo infantil de Costa Rica, de la que las compañías asistentes también forman parte.

Según los últimos datos oficiales, provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 2016, en Costa Rica 30.369 niños, niñas y adolescentes trabajan, lo que significa el 3,1% de la población de ese grupo de edad. Siete de cada diez cuenta con la edad mínima legal para trabajar, pero de éstos, la mitad realiza trabajos peligrosos e insalubres.

Por rama de actividad, el 33,2% de los niños, niñas y adolescentes ocupados se encuentran en actividades agropecuarias, el 26,7% en comercio y el 40,1% en otras, y aunque aún no hay datos al respecto, es muy posible que la pandemia de COVID-19 haya hecho aumentar las cifras.

En este sentido, para alcanzar la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de erradicar el trabajo infantil para 2025 es imprescindible un compromiso a largo plazo como el que demuestra el sector privado de Costa Rica para contar con cadenas de valor sin trabajo infantil y que apuestan por crear trabajo decente.

Las sesiones fueron orientadas con el esquema de Conducta Empresarial Responsable frente al trabajo infantil y adolescente: Guía para orientar la acción, creada por la propia Red de empresas con el apoyo del proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC), financiado por la Unión Europea y ejecutado por la OIT.

Una vez analizados los compromisos del país y las exigencias de los mercados internacionales en materia de derechos humanos, las empresas ahondaron en la forma de aplicar los procesos de debida diligencia siguiendo un paso a paso en siete etapas.

Específicamente realizaron un diagnóstico preliminar; incorporaron la Conducta Empresarial Responsable con respecto al trabajo infantil y adolescente a las políticas y sistemas de gestión; identificaron y evaluaron los impactos negativos reales y potenciales sobre el trabajo infantil y el trabajo adolescente peligroso asociados a la operación, productos o servicios de la empresa; elaboraron planes para detener, prevenir y mitigar; además hicieron un seguimiento de la implementación y los resultados; a la vez que informaron sobre cómo se han abordado los impactos de sus iniciativas.

Las empresas participantes coinciden en los retos de aplicar la debida diligencia en toda la cadena de valor, sobre todo cuando se trata de pequeñas unidades de producción. Asimismo, apuntan la gran relevancia de la formación, la sensibilización y el intercambio de buenas prácticas que espacios como la Red de empresas propicia e impulsa.