Capítulo 4 - ¿A quiénes se debería asegurar un salario mínimo?
4.6 ¿Cuál es la situación de los empleados del sector público?
En muchos países, los empleados del sector público están excluidos, total o parcialmente, del ámbito de aplicación de las leyes laborales, con inclusión de las disposiciones relativas a la fijación de salarios mínimos. Sin embargo, esto no significa que no se les aplique ningún salario mínimo, ya que pueden quedar amparados por las leyes o disposiciones administrativas, que a menudo incluyen escalas de remuneración. Las escalas salariales más bajas se suelen ajustar que manera que no fijen remuneraciones inferiores al salario mínimo.
Por ejemplo, en octubre de 2015, el Gobierno de Malasia anunció que a contar del 1 de julio de 2016 se pagaría un salario mínimo a los trabajadores del sector público. Este anuncio fue hecho independientemente del Consejo Nacional Consultivo sobre Salarios, órgano que se encarga normalmente de recomendar al Gobierno los niveles de salario mínimo para el sector privado.
Por el contrario, las leyes que regulan los salarios mínimos en algunos países establecen claramente que los trabajadores del sector público están incluidos en su ámbito de aplicación. Por ejemplo, la legislación de Bahamas sobre el salario mínimo se aplica a los trabajadores públicos. En efecto, la ley núm. 1 de 2002 de la Commonwealth de las Bahamas, relativa a los salarios mínimos, dispone que se ha de incluir en su ámbito a toda persona ocupada en cualquier tipo de empleo, inclusive al servicio de la Corona, representada por el Gobierno de las Bahamas1.
Por lo tanto, una de las preocupaciones no es la exclusión total de estos trabajadores de cualquier mecanismo de fijación de salarios mínimos, sino más bien la posible inexistencia de consultas con los interlocutores sociales y en particular con las organizaciones representativas de los trabajadores interesados. Las disposiciones legales al respecto pueden variar según el país. Por ejemplo, la legislación japonesa establece la obligación de que los sindicatos del sector público sean consultados acerca de las cuestiones relacionadas con el salario. Este no es el caso de Chile, donde no hay una obligación legal de consultar a los sindicatos del sector público con respecto a cualquier tema del empleo, incluidos los salarios.
Otra área de preocupación es la influencia que un aumento en el salario mínimo podría tener sobre el gasto del sector público. Cuando aumenta el salario mínimo, también se producirá un aumento del salario de quienes ganan menos de la nueva tasa salarial propuesta. Ahora bien, en algunos casos los salarios mínimos se utilizan como factor multiplicador para determinar los salarios más altos dentro del sector público. En tales casos, el aumento del salario mínimo
puede tener grandes repercusiones en el gasto público por concepto del pago de salarios en el sector.
Para obtener información más detallada, véase el capítulo 2 del Estudio General de la OIT sobre los sistemas de salarios mínimos, realizado en 2014
1 Ley núm. 1 de 2002, sobre salarios mínimos (Minimum Wages Act). Sección sobre aplicación de la ley, artículo 3, párrafo 1.
Por ejemplo, en octubre de 2015, el Gobierno de Malasia anunció que a contar del 1 de julio de 2016 se pagaría un salario mínimo a los trabajadores del sector público. Este anuncio fue hecho independientemente del Consejo Nacional Consultivo sobre Salarios, órgano que se encarga normalmente de recomendar al Gobierno los niveles de salario mínimo para el sector privado.
Por el contrario, las leyes que regulan los salarios mínimos en algunos países establecen claramente que los trabajadores del sector público están incluidos en su ámbito de aplicación. Por ejemplo, la legislación de Bahamas sobre el salario mínimo se aplica a los trabajadores públicos. En efecto, la ley núm. 1 de 2002 de la Commonwealth de las Bahamas, relativa a los salarios mínimos, dispone que se ha de incluir en su ámbito a toda persona ocupada en cualquier tipo de empleo, inclusive al servicio de la Corona, representada por el Gobierno de las Bahamas1.
Por lo tanto, una de las preocupaciones no es la exclusión total de estos trabajadores de cualquier mecanismo de fijación de salarios mínimos, sino más bien la posible inexistencia de consultas con los interlocutores sociales y en particular con las organizaciones representativas de los trabajadores interesados. Las disposiciones legales al respecto pueden variar según el país. Por ejemplo, la legislación japonesa establece la obligación de que los sindicatos del sector público sean consultados acerca de las cuestiones relacionadas con el salario. Este no es el caso de Chile, donde no hay una obligación legal de consultar a los sindicatos del sector público con respecto a cualquier tema del empleo, incluidos los salarios.
Otra área de preocupación es la influencia que un aumento en el salario mínimo podría tener sobre el gasto del sector público. Cuando aumenta el salario mínimo, también se producirá un aumento del salario de quienes ganan menos de la nueva tasa salarial propuesta. Ahora bien, en algunos casos los salarios mínimos se utilizan como factor multiplicador para determinar los salarios más altos dentro del sector público. En tales casos, el aumento del salario mínimo
puede tener grandes repercusiones en el gasto público por concepto del pago de salarios en el sector.
Para obtener información más detallada, véase el capítulo 2 del Estudio General de la OIT sobre los sistemas de salarios mínimos, realizado en 2014
1 Ley núm. 1 de 2002, sobre salarios mínimos (Minimum Wages Act). Sección sobre aplicación de la ley, artículo 3, párrafo 1.