Migración laboral
Crisis por la pandemia agudiza vulnerabilidad laboral de migrantes en América Latina y el Caribe
OIT hace un análisis sobre una población migrante constituida principalmente por personas en edad de trabajar mayores de 25 años, que frecuentemente enfrentan “retos adicionales” para mantener sus empleos y sus ingresos.
Lima – La crisis laboral por la COVID-19 ha afectado a todas las personas trabajadoras en América Latina y el Caribe, pero es importante considerar que las personas migrantes y sus familias, especialmente aquellas que se encuentran en situación migratoria irregular y/o se dedican a trabajos informales enfrentan retos adicionales, destacó un análisis de OIT.
Muchas personas migrantes están en condiciones “de mayor vulnerabilidad ante la pérdida de empleo e ingresos, debido a que en la mayoría de los casos se encuentran en condiciones precarias de trabajo y de vida, con acceso limitado a servicios de atención médica y saneamiento”.
Esa vulnerabilidad, sumada a falta de información adecuada sobre sus derechos y las medidas de prevención, generan “mayores riesgos a ser víctimas de abusos y explotación”, destaca la nota técnica “Migración laboral, movilidad en el mundo del trabajo ante la pandemia de la COVID-19 en América Latina y el Caribe”, publicada como parte de la serie Panorama Laboral de la Oficina Regional de la OIT.
“La crisis también ha propiciado el incremento de la demanda de algunos trabajadores con diversas competencias y experiencia – en las profesiones médicas y los servicios de emergencia, pero también en la agricultura, las plataformas de reparto y entrega a domicilio de alimentos, la logística y los servicios de limpieza”.
“Las personas trabajadoras migrantes y refugiadas han estado en primera línea en muchas de estas ocupaciones”, añade la nota técnica.
El análisis destaca que de acuerdo con los datos recopilados en 13 países de la región antes de la pandemia, las personas mayores de 24 años fueron el grupo más importante en la población nacida en el extranjero. “El grueso de la población migrante se encuentra en la edad activa y, por ende, cuenta con un perfil adecuado para participar en el mercado laboral de los países receptores”.
En 8 de los 13 países la tasa de participación laboral de los migrantes es superior a la población total, lo cual se considera “indicativo de que los movimientos migratorios recientes estarían asociados a la necesidad de generación de ingresos, la cual impulsarían a los migrantes a participar en el mercado laboral a tasas muy superiores a los nacionales”. “En los países cuya tasa de participación de los migrantes es inferior a la del total del país podría haber un indicativo de la existencia de factores estructurales, legales o institucionales que limitan la participación laboral de los trabajadores migrantes”, añade el documento en la sección sobre la situación antes de la pandemia, basada en datos de las encuestas de hogares.
El documento también hace referencia a una encuesta de evaluación rápida para medir el impacto de la pandemia COVID-19 en la migración laboral, la movilidad y las prácticas de contratación en América Latina y el Caribe, realizada por la OIT durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020.
Las 239 personas entrevistadas en Brasil, Perú y República Dominicana permitieron apreciar que “la crisis provocada por la pandemia COVID‐19 ha tenido repercusiones negativas en el ámbito económico, laboral, cultural, socio‐emocional, y sanitario tanto en los países de origen como de destino, afectando las condiciones de vida de las personas refugiadas, solicitantes de asilo, y trabajadoras migrantes”.
“Se consultó a las personas trabajadoras participantes sobre su percepción de los impactos de la COVID-19 en la continuidad de sus actividades laborales. En particular se les invitó a que describieran su principal preocupación ante las repercusiones de la COVID-19. Al respecto, la mayoría respondió, en primer lugar, no tener medios para sustentarse en el mediano plazo y, en segundo lugar, no encontrar trabajo a largo plazo, ni en el país de origen ni en el de destino”, dice el análisis.
En el ámbito laboral, en los países de destino, un 43 por ciento de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y trabajadoras migrantes continuaba sus actividades laborales hasta el momento de aplicación de la encuesta (entre agosto y octubre de 2020), mientras que un 57 por ciento no tenía empleo en el momento de la consulta.
En términos de género, el 54 por ciento de los hombres mantenían su trabajo frente al 38 por ciento de las mujeres. En particular, las mujeres refugiadas o solicitantes de asilo son las más afectadas.
Entre las personas encuestadas, se reportó que la pérdida de empleo por la COVID-19 ha sido mayor entre quienes se dedican al trabajo doméstico (71 por ciento sin empleo), seguido del sector ventas y restaurantes, y hotelería y turismo, en los cuales se registró un 59 por ciento y un 54 por ciento de personas sin trabajo, respectivamente.
Además, se evidenció una reducción de horas de trabajo y el salario (14 por ciento), la suspensión de pagos o no estar percibiendo remuneración (13 por ciento) y la reducción de salario (9 por ciento) como consecuencia de la COVID-19. La pérdida de trabajo y la disminución en los ingresos también ha impactado negativamente las posibilidades que tienen las personas refugiadas, solicitantes de asilo y trabajadoras migrantes de mantener el envío de remesas (solo un 29 por ciento de los entrevistados continuaba transfiriendo ayudas económicas a sus familias).
La OIT destaca que para enfrentar la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes es necesario tomar medidas como:
Muchas personas migrantes están en condiciones “de mayor vulnerabilidad ante la pérdida de empleo e ingresos, debido a que en la mayoría de los casos se encuentran en condiciones precarias de trabajo y de vida, con acceso limitado a servicios de atención médica y saneamiento”.
Esa vulnerabilidad, sumada a falta de información adecuada sobre sus derechos y las medidas de prevención, generan “mayores riesgos a ser víctimas de abusos y explotación”, destaca la nota técnica “Migración laboral, movilidad en el mundo del trabajo ante la pandemia de la COVID-19 en América Latina y el Caribe”, publicada como parte de la serie Panorama Laboral de la Oficina Regional de la OIT.
“La crisis también ha propiciado el incremento de la demanda de algunos trabajadores con diversas competencias y experiencia – en las profesiones médicas y los servicios de emergencia, pero también en la agricultura, las plataformas de reparto y entrega a domicilio de alimentos, la logística y los servicios de limpieza”.
“Las personas trabajadoras migrantes y refugiadas han estado en primera línea en muchas de estas ocupaciones”, añade la nota técnica.
El análisis destaca que de acuerdo con los datos recopilados en 13 países de la región antes de la pandemia, las personas mayores de 24 años fueron el grupo más importante en la población nacida en el extranjero. “El grueso de la población migrante se encuentra en la edad activa y, por ende, cuenta con un perfil adecuado para participar en el mercado laboral de los países receptores”.
En 8 de los 13 países la tasa de participación laboral de los migrantes es superior a la población total, lo cual se considera “indicativo de que los movimientos migratorios recientes estarían asociados a la necesidad de generación de ingresos, la cual impulsarían a los migrantes a participar en el mercado laboral a tasas muy superiores a los nacionales”. “En los países cuya tasa de participación de los migrantes es inferior a la del total del país podría haber un indicativo de la existencia de factores estructurales, legales o institucionales que limitan la participación laboral de los trabajadores migrantes”, añade el documento en la sección sobre la situación antes de la pandemia, basada en datos de las encuestas de hogares.
El documento también hace referencia a una encuesta de evaluación rápida para medir el impacto de la pandemia COVID-19 en la migración laboral, la movilidad y las prácticas de contratación en América Latina y el Caribe, realizada por la OIT durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020.
Las 239 personas entrevistadas en Brasil, Perú y República Dominicana permitieron apreciar que “la crisis provocada por la pandemia COVID‐19 ha tenido repercusiones negativas en el ámbito económico, laboral, cultural, socio‐emocional, y sanitario tanto en los países de origen como de destino, afectando las condiciones de vida de las personas refugiadas, solicitantes de asilo, y trabajadoras migrantes”.
“Se consultó a las personas trabajadoras participantes sobre su percepción de los impactos de la COVID-19 en la continuidad de sus actividades laborales. En particular se les invitó a que describieran su principal preocupación ante las repercusiones de la COVID-19. Al respecto, la mayoría respondió, en primer lugar, no tener medios para sustentarse en el mediano plazo y, en segundo lugar, no encontrar trabajo a largo plazo, ni en el país de origen ni en el de destino”, dice el análisis.
En el ámbito laboral, en los países de destino, un 43 por ciento de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y trabajadoras migrantes continuaba sus actividades laborales hasta el momento de aplicación de la encuesta (entre agosto y octubre de 2020), mientras que un 57 por ciento no tenía empleo en el momento de la consulta.
En términos de género, el 54 por ciento de los hombres mantenían su trabajo frente al 38 por ciento de las mujeres. En particular, las mujeres refugiadas o solicitantes de asilo son las más afectadas.
Entre las personas encuestadas, se reportó que la pérdida de empleo por la COVID-19 ha sido mayor entre quienes se dedican al trabajo doméstico (71 por ciento sin empleo), seguido del sector ventas y restaurantes, y hotelería y turismo, en los cuales se registró un 59 por ciento y un 54 por ciento de personas sin trabajo, respectivamente.
Además, se evidenció una reducción de horas de trabajo y el salario (14 por ciento), la suspensión de pagos o no estar percibiendo remuneración (13 por ciento) y la reducción de salario (9 por ciento) como consecuencia de la COVID-19. La pérdida de trabajo y la disminución en los ingresos también ha impactado negativamente las posibilidades que tienen las personas refugiadas, solicitantes de asilo y trabajadoras migrantes de mantener el envío de remesas (solo un 29 por ciento de los entrevistados continuaba transfiriendo ayudas económicas a sus familias).
La OIT destaca que para enfrentar la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes es necesario tomar medidas como:
- Incluir a las personas trabajadoras migrantes en las respuestas relativas a los ingresos y en las respuestas de política conexas
- Ampliar el acceso a los servicios de salud y a la cobertura de protección social para las personas trabajadoras migrantes
- Proporcionar información adecuada y accesible
- Asegurar que los trabajadores migrantes tengan un estatus migratorio regular o no acaben encontrándose en situación irregular
- Asegurar la contratación equitativa durante la pandemia de la COVID-19
- Proteger los derechos en el trabajo de las personas refugiadas y otras personas desplazadas por la fuerza durante la pandemia de la COVID-19