Op-Ed

Un esfuerzo en América Latina y el Caribe para poner fin a la violencia en el trabajo

Por Vinícius Pinheiro, Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, y María Noel Vaeza, Directora Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres.

Artículo | 9 de diciembre de 2021
Uno de los primeros impactos de la pandemia fue la pérdida de empleo de las mujeres, y aquellas que mantuvieron sus puestos, con frecuencia quedaron expuestas a violencias laborales que suelen ser invisibilizadas. Por ejemplo, en ocupaciones como el trabajo doméstico o en las labores de cuidado y atención sanitaria.

Las agresiones y el acoso son inaceptables en cualquier sitio y en cualquier momento, pero ahora debemos estar más alerta que nunca, pues el riesgo es mayor en tiempos de crisis: la pandemia ha sido un triste recordatorio de esta realidad. La frustración, la presión económica y el estrés pueden ser detonadores, con más riesgos para las mujeres trabajadoras.

Por eso, nos hemos propuesto llevar adelante una gran campaña regional en América Latina con el fin de que el mayor número posible de naciones de la región se adhieran al Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso laboral y lo hagan cumplir en todos los lugares de trabajo. El Convenio 190 es la única norma internacional que promueve espacios seguros, al tiempo que reconoce la forma en que la violencia afecta la participación económica de las mujeres, su productividad, su acceso al empleo y su salud.

América Latina y el Caribe es la región del mundo con más ratificaciones del Convenio 190, adoptado en 2019. Pero aun así, son apenas tres países: Uruguay, Argentina y Ecuador, y es necesario que otros también se sumen a este esfuerzo.

En nuestra visión de “reconstruir mejor”, contar con la aportación de las mujeres es fundamental: la definición amplia y abarcadora de este Convenio debería ser un compromiso para que los países se aboquen a resolver esta injusticia y ellas sean colocadas en el centro de sus medidas de recuperación poscovid.

El Convenio 190 introduce una serie de importantes innovaciones. Por primera vez se aclara lo que debe entenderse por violencia y acoso en el mundo laboral, incluyendo diversas maneras que causan un daño físico, psicológico, sexual o económico; y se precisan las medidas que deben tomarse para prevenirlas y abordarlas, y quién debe hacerlo.

Su alcance es amplio: incumbe a trabajadores y trabajadoras, independientemente de su situación contractual, así como a aprendices, a quienes hacen tareas voluntarias y a quienes buscan un empleo, entre otros. También las personas que ejercen la autoridad, las funciones y las responsabilidades de quien contrata caen bajo la tutela del Convenio.

Asimismo, el Convenio es aplicable a todos los sectores de la economía, incluyendo el público, el privado y el informal, tanto en el ámbito urbano como en el rural. Los países que lo han ratificado se comprometen a establecer mecanismos de prevención y protección, control de su aplicación, vías de recurso y reparación, así como orientación y difusión.

El Convenio afirma que la violencia y el acoso “pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos… una amenaza para la igualdad de oportunidades, y que son inaceptables e incompatibles con el empleo decente”, reconociendo que la violencia por razón de género afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas.

Las mujeres trabajadoras latinoamericanas lideran el movimiento para la ratificación en sus países, reconociendo la importancia de generar entornos seguros y libres de violencia de género para lograr la equidad.

Los Estados cuentan con un año después de la ratificación para la entrada en vigor del Convenio. Esto les permite abrir un diálogo tripartito donde el Gobierno, los empresarios y los trabajadores puedan examinar la legislación y la práctica nacional.

A partir de este diálogo se podrá trazar una hoja de ruta para llevar a cabo los cambios normativos, identificar los retos de aplicación y, sobre todo, fomentar los cambios culturales para un entorno de “tolerancia cero” a la violencia y el acoso en el lugar de trabajo.

En Argentina, por ejemplo, el Gobierno lanzó una Mesa interministerial, y ha desarrollado un Plan de Acción para la aplicación del Convenio que incluye consultas tripartitas, un anteproyecto para la aplicación de la norma, formación, sensibilización y generación de herramientas.

Además de la posición destacada en el caso del C190, la región también ha demostrado su compromiso con el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), ya que ha realizado 17 de las 32 ratificaciones contabilizadas hasta el momento.

Los Convenios son parte esencial de las normas internacionales del trabajo, instrumentos jurídicos elaborados por los mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y asalariados), con objeto de enunciar los principios y derechos fundamentales y de reglamentar otros ámbitos del mundo laboral.

Por eso, invitamos a organizaciones femeninas, gremios empresariales y sindicatos de toda América Latina y el Caribe a conocer y promover el Convenio 190. Y exhortamos a los gobiernos a que se aboquen a su ratificación. De esta forma, estaremos ayudando a superar injusticias que hemos venido arrastrando durante demasiado tiempo.

NOTA: Este artículo fue publicado en la sección "Planeta Futuro" del diario El País de España.